Tras ser rescatado desde la Cárcel de Alta Seguridad junto con tres de sus compañeros, Mauricio inició un nuevo periodo de su vida. En 1997 el FPMR decidió cambiar sus directrices políticas, y retomar el trabajo de bases en Chile para construir lo que se denominó «un nuevo proyecto político rodriguista». En ese sentido, la Operación Vuelo de Justicia fue la última acción armada reivindicada por el grupo.
Mauricio, junto a otros rodriguistas y revolucionarios que vivían en clandestinidad, llegaron a la conclusión que la situación que vivía Chile tras la guerra sucia para desarticular a los grupos armados, no era compatible con la vida de prófugxs que llevaban. En ese sentido, era muy poco lo que podían hacer en el nuevo escenario político nacional.
Durante 1999, Mauricio participó, junto a otras personas, en una reunión en la que el Movimiento de Izquierda Revolucionaria / Ejército Guerrillero de los Pobres-Patria Libre (MIR EGP-PL) ofreció la posibilidad de participar en la experiencia de la guerrilla colombiana. Mauricio aceptó la posibilidad y al año siguiente viajó para participar activamente en las montañas de Colombia.
Años después, tras ser arrestado nuevamente, Mauricio haría unos apuntes sobre su experiencia:
La naturaleza es hermosa en plena selva. Son montañas con selva, montañas vírgenes inclusive. Quizás pasamos por lugares que el hombre nunca caminó, por la zona indígena que no está bajo ningún catastro, son muy ecológicas. Desde el punto de vista humano, fue una experiencia muy interesante, más allá de la cuestión ideológica y de la política de la guerrilla de la que, por respeto a los compañeros, no voy a hablar.
Pasar por una experiencia allá y darse cuenta de las necesidades de recursos… estamos hablando de ocho mil, nueve mil hombres armados, equipamientos, alimentación… una bala de AK-47 vale un dólar [$650 pesos chilenos], y en un combate se usan tres mil tiros, tres mil dólares [$2.000.000 pesos chilenos]. Luego vas sacando la cuenta y son millones y millones.
En 2001 sale del país centroamericano rumbo a Brasil, junto con miembros del MIR-EGP-PL, para participar en la obtención de recursos. Para Mauricio, todo fue una decisión, casi, de último momento: es mediante una petición que se le solicita a Mauricio viajar a Brasil, salir de la hermosa y salvaje selva para ir a insertarse a una ciudad en junio de 2001, aumentando considerablemente los riesgos de ser capturado, para apoyar una operación cuyo monto iría, mayoritariamente, en apoyo de la guerrilla librada en Colombia.
Mauricio jamás ha hablado ni de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ni del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ni del Ejército Popular de Liberación (EPL) ni del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) ni de ningún otro grupo guerrillero en Colombia. Tratar de especificar a qué guerrilla apoyó sería poner en su boca apalabras que le son impropias y totalmente ajenas a su posición revolucionaria.
El 11 de diciembre de 2001 comienza -para la policía- la Operación Alondra, como sería bautizada por la prensa. Ese día, un grupo de sujetos disfrazados de policías federales brasileños secuestró a publicista Washington Olivetto, un empresario con fuertes influencias políticas y económicas en el Brasil. El hecho ocurrió cuando Olivetto abandonaba su agencia W/Brasil, en Avenida Angélica (São Paulo).
Sin embargo, y pese a que se le apunta como «líder de la operación», Mauricio recién se incorporaría a la acción dos días después, como encargado de las negociaciones, específicamente las relacionadas con el análisis y elaboraciones de los mensajes intercambiados con la familia de Olivetto. El monto exigido para la liberación era de US$ 10 millones ($6.700.000.000 pesos chilenos), monto que comenzó a ser recaudado por la familia y por Control Risks, la compañía en donde Olivetto mantenía un seguro de vida y otro en caso de secuestro.
Sobre el tiempo del secuestro, Mauricio declaró:
Las normas para el cautiverio donde permaneció Olivetto fueron confeccionadas según criterios preestablecidos que tuvieron como único objetivo la seguridad del local, por tanto, no buscaban producir sufrimiento al secuestrado. Es un hecho que las condiciones de encierro son difíciles para cualquier persona, sobre todo para los que tienen una vida sin sobresaltos, producto de la riqueza económica que poseen y disfrutan.
La acusación de tortura no tiene sustento jurídico. Junto a ello, en la entrevista que Olivetto dio un par de días después de ser liberado, él no dijo que haya sido torturado.
Jamás cometemos abusos o humillaciones contra un secuestrado, prueba de eso es que todos los rehenes del FPMR fueron siempre liberados sanos y salvo. Me refiero a los tres militares [Mario Haeberle, Germán Obando y Carlos Carreño], al periodista [Sebastián Bertolone], y el empresario [Cristián Edwards] que el Frente secuestró durante su historia, todos con finalidades políticas, inclusive los militares -que eran nuestros enemigos directos- fueron tratados con respeto y dignidad.
El 2 de febrero de 2002, cuando faltaban veinte minutos para las once de la noche, miembros de la policía y de la División Anti-secuestros (DAS), allanaron una casa de calle Kansas, en Serra Negra, a 150 kilómetros al sur de São Paulo. Según la prensa, la pista habría llegado a manos de la policía a través de información en base a una denuncia hecha por el dueño del departamento, a quien le había parecido excesivamente extraño que sus inquilinos hubieran abonado su alquiler en dólares.
En el departamento encontraron a Olivetto, pero las dos personas que habitaban allí -un hombre y una mujer-, lograron escapar.
Horas después, y en la misma localidad, la policía ubicó y allanó una chacra. Entre los detenidos, además de Mauricio, estaban:
- Alfredo Canales Moreno: chileno nacido en 1970, militante del MIR desde mediados de los años ’80, teniendo destacada participación en el Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo. Ha sido tres veces detenido en Chile, por participar en acciones de ese movimiento (hacia finales de los ’80) y por ser militante del MIR (en 1992 y 1995), oportunidades en las que no se le comprobó responsabilidad ni participación ninguna en los delitos que se le imputaban. En 1995 salió del país, destacándose en las tareas de carácter internacionalistas que le fueron entregadas. Al ser detenido, se le encontró un pasaporte argentino falsificado bajo el nombre de Rubén Óscar Sánchez.
- Marta Urrego Mejía: nacida en Colombia, en 1978, fue pareja de Alfredo Canales Moreno. Marta tuvo que salir de Colombia por las amenazas constantes de grupos de paramilitares, al ser una activa dirigente estudiantil. Tiene una hija que ha sido cuidada por la familia de Alfredo Canales en Chile. Al ser detenida, se le encontró un pasaporte argentino falso con el nombre de Maite Amalia Bellón.
- Marco Rodríguez Ortega: Chileno nacido en 1973 e hijo de Miriam Ortega Araya, militante del MIR detenida en 1980 acusada de participar en el homicidio de Heriberto Novoa Escobar, un policía que vigilaba la “Llama de la libertad” en el Cerro Santa Lucía. Condenada a 23 años, tras un indulto fue liberada en 1991. Su padre, Rodolfo Rodríguez Moraga, fue apresado por el mismo hecho y condenado a 72 años. Se le otorgó el mismo beneficio que a su pareja. Marco vivió su infancia en Cuba, retornado a Chile en 1988, con quince años. En los 90′ ingresa al MIR EGP-PL. Al ser detenido, se le encontró un pasaporte argentino falso bajo el nombre de Carlos Renato Quiroz.
- William Gaona Becerra: joven colombiano nacido en 1971, casado y con dos hijos. William se ha desarrollado acercándose mucho a la filosofía de la teología de la liberación. Su familia es pobre y campesina, y es padre de un niño. Al ser capturado, se le encontró un pasaporte falso bajo el nombre de Federico Antonio Aribas.
- Karina Dana Germano: Conocida como la Galle, es una muchacha argentina-española nacida en 1970. Su padre es un detenido desaparecido de la última dictadura Argentina (1976-83) y debido a la persecución contra su familia, Karina tuvo que asilarse con su madre y su hermano en Suecia. En la década de los noventa tuvo participación activa en la Agrupación HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) de Buenos Aires, y en distintas organizaciones comunitarias y de derechos humanos.
Con el paso de las horas, la policía logró dar con otras casas de seguridad que eran utilizadas en la operación, descubriendo -además de la casa de Sierra Negra-, una chacra, un departamento en São Paulo y otro en Playa de Santos. Todo, con la comprometida colaboración de ciudadanos que, viendo las imágenes de Mauricio en televisión, lograron reconocerlo como quien les había arrendado los inmuebles. La policía también intentó vincular el hecho con el secuestro del empresario Abilio Diniz y del banquero Antonio Beltrán Martínez, pero no terminaron en más que especulaciones.
Pese a los allanamientos, investigaciones y búsquedas, la policía no logró dar con ningún otro miembro de la operación. Ni siquiera pudieron tener la certeza de cuántos ni quienes más estaban prófugos, jugando con una cifra que variaba de entre 4 a 8 personas.
De haberse reconocido el carácter combativo de la acción, hubiese tenido un impacto profundo en el mundillo politiquero del Brasil. Sin embargo, el secuestro fue rápidamente vaciado de cualquier contenido político.
En esa época, Brasil era presidido por Fernando Henrique Cardoso, militante del Partido de la Social Democracia Brasileña. El entonces ministro de Justicia, Aloysio Nunes, actualmente senador por el mismo partido, y quien fue militante del Partido Comunista Brasilero durante la dictadura militar en los 60′, y asumió haber participado en atracos con Carlos Marighela, comentó lo siguiente sobre el crimen:
Ellos cometieron un crimen terrible. Vinieron a Brasil, violaron la ley brasilera, secuestraron a un ciudadano, lo trataron peor de lo que se trata a un perro, fueron crueles, deshumanos, y tendrán que ser sancionados. Ahora, si van a alegar razones revolucionarias, para mí poco importa. Y aún más: el crimen fue cometido aquí, en Brasil, por lo tanto ellos se quedan aquí hasta cumplir las penas. Si aun quedara por cumplir, pueden cumplirlo fuera.
Esto no fue más que un presagio de las dificultades que caerían sobre el proceso de lxs compañerxs.
Como consecuencia de esta campaña de desprestigio, comenzó a crearse la imagen de guerrillerxs descolgadxs, ex subversivxs que, para sobrevivir, imitaron al narcotráfico brasilero y comenzaron a raptar personas y así poder generar ingresos.
Ante este escenario, y tiempo después, el MIR EGP-PL emitió la siguiente declaración sobre los hechos:
Ante la detención de un grupo de compañeros miristas en Brasil y ante la necesidad de diferenciar claramente la acción por la cual están siendo procesados, de “un delito común motivado por el lucro personal”, tergiversación sostenida por el Gobierno chileno y la policía de São Paulo, en Brasil y profusamente transmitida por la prensa de ambos países, declaramos que los compañeros Alfredo Canales Moreno y Marco Rodríguez Ortega son militantes del MIR e integrantes del EGP-PL, destinados a tareas internacionalistas de nuestra organización. Los compañeros colombianos William Gaona y Marta Urrego, así como la compañera española Karina Germano, simpatizan con el MIR y prestan apoyos puntuales a nuestra organización, sin ser militantes.
Nuestros compañeros, junto a Mauricio Hernández Norambuena, militante histórico del FPMR, han sido tomados prisioneros en Brasil, al ser vinculados indirectamente y en su fase final, con una acción partidaria que en nada está emparentada con la delincuencia propia de los grandes ladrones y usurpadores del sistema. Una acción política, necesaria y compleja, pues para nosotros el sufrimiento humano no es parte de nuestras utopías.
Los compañeros responsables directos de la tarea se encuentran seguros y a salvo de la persecución de la policía brasileña, servil en todo momento al mandato de la policía política chilena, al punto de inventar pruebas y articular sus acusaciones sobre la pauta entregada por sus pares chilenos.
Con los arrestos de Serra Negra, terminaban los 53 días de secuestro del susodicho magnate, pero comenzaban los interminables días de aislamiento demencial para lxs arrestadxs.
Alfredo y Marco fueron torturados en dependencias policiales distintas, tanto en la localidad de Amparo, como en la ciudad de São Paulo, denuncias formales de ello quedaron registradas ante la Comissão de Direitos Humanos de la Ordem dos Advogados de São Paulo, el Grupo Tortura Nunca Mais y Ação dos Cristãos para a Abolição da Tortura.
El 4 de febrero de 2002, los cuatro detenidos hombres fueron trasladados al Centro de Readaptación Penitenciaria de Taubaté, que es un anexo al Hospital de Custodia y Tratamiento Psiquiátrico Doutor Arnaldo Amado Ferreira. En aquel anexo permanecieron aislados por completo por más de seis meses sin comunicación entre ellos, sin acceso a prensa ni a literatura, con visita sólo de familia directa y con máximas restricciones en lo referente a artículos de aseo, vestuario y alimentación, colocándoseles bajo aislamiento en el Régimen Disciplinario Diferenciado (RDD), un severo e inhumano régimen de castigo y asilamiento sólo comparable con el FIES español o a las Prisiones Tipo F en Turquía.
De acuerdo al régimen disciplinar penitenciario brasileño, referente a condiciones y reglamentaciones carcelarias, la permanencia de cualquier detenido en el Centro de Readaptación Penitenciaria de Taubaté, no puede exceder lo seis meses en forma continua, y sólo se efectúa el traslado si el detenido ha cometido una falta grave al interior de su cárcel de origen. Las autoridades brasileñas, por lo tanto, cometieron con los cuatro detenidos hombres, dos faltas graves al respecto de su propio código disciplinario: Primero, ninguno de los detenidos había cometido falta grave o menor, al interior del régimen penitenciario, y segundo, todos permanecieron más del doble del tiempo legalmente permitido para estar en Taubaté.
El CRP de Taubaté ha sido condenado sistemáticamente por los organismos de derechos humanos internacionales y por la propia Comissão de Direitos Humanos de la Ordem dos Advogados de Brasil, como un lugar que atenta contra la integridad física y psicológica de los presos.
El 7 de marzo de 2002, lxs detenidxs declararon ante la 19º Vara Criminal del Foro de São Paulo encabezada -en ese momento- por la jueza Kenarik Bowijikian Felippe. En julio de aquel año, dicha Jueza, que llevó el caso en Primera Instancia, dictó las sentencias. Además del secuestro, el fiscal solicitaba condenas por los delitos de “formación de banda, asociación o cuadrilla” y “tortura”, tipificados en el Artículos 288, párrafo único del Código Penal, y en el Artículo 1° de la Ley 9.455/97, con lo cual las penas alcanzan un máximo de 28 años de cárcel en régimen penitenciario cerrado, sin posibilidad de beneficio alguno.
En la página 12 de su sentencia, la jueza desestimó estas dos acusaciones por considerarlas improcedentes de acuerdo a la jurisprudencia y a la Constitución Brasileña, así como con respecto a los tratados internacionales vinculantes suscrito por Brasil. Pese a ello, sentenció a 16 años de prisión a cada unx de lxs detenidxs por el delito de secuestro, reconociendo la figura de “motivación política” del mismo, dictando un cumplimiento en régimen penitenciario abierto después de los dos primeros años.
Si este fallo se dio es en parte por la información y difusión que el FPMR hizo a la opinión pública nacional e internacional, y diversos materiales que fueron incorporados a la defensa de los compañeros, lo mismo que los esfuerzos realizados por familiares y amigos, para luchar contra la imagen de que el secuestro había sido por motivos personales y ligados al narcotráfico, vaciándolo de cualquier intención política posible.
Tanto la defensa -a cargo de Ibere Bandeira de Mello, quien ofició como abogado hasta el 27 de enero de 2003-, así como el fiscal Marco Antonio Ferreira da Lima y el promotor para el caso, Roberto Porto, presentaron respectivas apelaciones ante el Tribunal de São Paulo, que cumplió las funciones de ser el Tribunal de Segunda Instancia.
Paralelamente, y mientras se esperaba el juicio de segunda instancia, el 4 de enero de 2003 comenzarían las dispersiones. Alfredo Canales fue trasladado a la Penitenciaría de Araraquara Doutor Sebastião Martins Silveira. Marco Rodríguez, a la Penitenciaria de Casa Branca Joaquim de Sylos Cintra y William Gaona, a la Penitenciaria I de Presidente Venceslau.
Mauricio permanecería en Taubaté hasta marzo de 2003, cuando fue trasladado al Centro de Readaptación Penitenciaria Presidente Bernardes, llamada por organismos de derechos humanos como una “fábrica de locos”, manteniendo las mismas restricciones que en Taubaté. Este adjetivo, sería el mismo ocupado años después por los compañeros Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel cuando se encontraban en la cárcel de Neuquén (Argentina) y, en uno de sus comunicados de huelga de hambre, solidarizaron con la situación irregular de Mauricio.
El 13 de noviembre de 2003 el Tribunal Superior de São Paulo, que revisaba el caso para un resultado de Segunda Instancia bajo presión de la mafia de Olivetto y la derecha brasileña, junto con la infaltable socialdemocracia, aumenta las penas de lxs seis detenidxs a 30 años de prisión, y establece el cumplimiento de la condena bajo el ya mencionado RDD, agregando al delito de “secuestro”, el de “tortura” y “conspiración”; es decir, el Tribunal Superior de São Paulo acogió en su totalidad las peticiones de la Fiscalía y de las amistades de Olivetto.
En 2004, y tras negociaciones entre ambos gobiernos, Brasil ofreció extraditar a Mauricio, siempre que en Chile, la pena que le esperase no fuera mayor a 30 años. Esto, obedece a la lógica de que los 30 años es la pena máxima en Brasil, y por lo mismo, éste país ve a cualquier condena mayor como «una sanción desproporcionada». Pero para el gobierno chileno, bajar de dos cadenas perpetuas a 30 años era inadmisible, aún más tomando en cuenta que Mauricio cumplía una condena por el asesinato de un senador (Jaime Guzmán) en democracia.
Al año siguiente, durante 2005, todxs lxs implicadxs consiguieron en el Tribunal Superior de Justicial el derecho de progresar de régimen, posterior a cumplir un sexto de pena (5 años), vale decir, podrían cambiar de régimen a partir de febrero de 2007.
En noviembre de 2006, Marco, Alfredo y William fueron trasladados a la Penitenciaría de Itaí Cabo PM Marcelo Pires da Silva, una nueva cárcel para extranjeros, desde donde Marco y William se escaparían años más tarde, aprovechando un beneficio penitenciario de salidas. Por su parte, Alfredo sería trasladado a Chile en 2014, para continuar el cumplimiento de su condena. Sin embargo, durante el tiempo que vivieron allí debieron sobrellevar las prácticas xenófobas, los castigos injustificados y el endurecimiento de las condiciones de vida.
Con todo, Mauricio sufrió una sanción disciplinar por cometer una “falta grave” los días 10 y 6 de noviembre de 2006 por rehusarse a ser atendido por un médico, exigiendo que éste le mostrase su diploma. De acuerdo al entendimiento de la justicia brasilera, sería necesario entonces volver a ajustar el sexto de pena según lo que le quedaba (25 años). Así, Mauricio debería volver a esperar hasta febrero de 2011 para conocer el estado de progresión de régimen.
Posteriormente es trasladado a la Penitenciaría Doutor Paulo Luciano de Campos – Avaré I, de São Paulo, donde supuestamente tendría un régimen disciplinario normal. Sin embargo, una vez más, se tendría un trato especialmente duro hacia él, aplicándosele el denominado Régimen de Contención, que nuevamente conservó a Mauricio en un aislamiento total, sin contacto alguno con otras personas, no como debería corresponder a un Régimen de Convivencia, el cual es el aplicado a todos los otros presos en las mismas condiciones. Esto no hace más que agravar las ya precarias condiciones de encierro y alimentación que han deteriorado la salud mental y física del compañero.
En febrero de 2007, es trasladado a la Penitenciaría Federal de Catanduvas, en Paraná, bajo el interminable RDD, y según el relato de su abogado, quien lo visitó en ese mes, se encontraba en similares condiciones de aislamiento de las antes expuestas, además de un visible deterioro físico y psicológico.
El 23 de agosto de 2010, y a los dos días de haber concedido una entrevista al noticiero chileno Chilevisión, Mauricio fue trasladado a la Penitenciaría Federal de Campo Grande, en Mato Grosso do Sul.
El 27 de enero del año siguiente, se cumplió el sexto de pena exigido a Mauricio para progresar de régimen. Por lo mismo, su defensa requirió el cambio de régimen, teniendo a favor la realización exitosa de un examen criminológico, una especie de “validación psicosocial”, que es exigido por la justicia en casos excepcionales. Sin embargo, el juez negó la progresión de régimen, argumentando que es un prisionero con solicitud de expulsión (expulsión que fue firmada por el ministro de Justicia en 2007), bajo alegatos de que Mauricio “es peligroso para los intereses nacionales”.
Así, por estar en condición de expulsado, no puede registrar ningún domicilio ni tener empleo y, por lo mismo, no puede acceder a un régimen semi-abierto. Esta decisión fue apelada, pero el recurso se encuentra sin marcha desde octubre de 2013
Si se anulase el decreto de expulsión, no habría ningún otro obstáculo para que Mauricio cambiara de régimen. Cabe mencionar que en un régimen semi-abierto el preso puede trabajar y asistir a cursos profesionales fuera del presidio, más el derecho de -cinco veces por año- pasar una semana fuera de la cárcel en fechas conmemorativas.
Finalmente, en marzo de 2015 Mauricio ha vuelto a ser trasladado, esta vez, a la Penitenciaría Federal de Porto Velho, en el municipio rural y selvático de Porto Velho, en Rondônia, cercana con la frontera boliviana.
Este nuevo centro de exterminio donde fue llevado Mauricio, también cuenta con el nefasto Régimen Disciplinario Diferenciado. Además, contiene un módulo con 12 celdas de aislamiento para el aniquilamiento físico y psicológico de los prisioneros. Lo más preocupante de esta nueva situación, es que en dicha cárcel Mauricio puede contraer enfermedades típicas de la selva amazónica, como el dengue o la fiebre amarilla. Además las distancias geográficas se han vuelto a acrecentar: su familia debe viajar 3.000 kilómetros de Santiago a São Paulo, y luego de São Paulo a Porto Velho, lo que significan otros 3.000 kilómetros.
La actualidad de los procesados por la Operación Alondra es la siguiente:
- Marco Rodríguez y William Gaona: El 8 de octubre de 2010, los compañeros lograron acceder al beneficio de salida temporal por ocasión del Día del Niño, debiendo presentarse cinco días después en la Penitenciaría de Itaí para continuar cumpliendo su pena, que cumplía en un régimen semi-abierto. Sin embargo, ninguno regresó.
- Karina Germano: En 2007 logró ser extraditada al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, Argentina. El 13 de abril de 2012, se le conmutó su pena de prisión por firma mensual hasta el fin de su condena, el 17 de julio de 2031.
- Alfredo Canales: El 13 de noviembre de 2014 fue extraditado a Chile, debiendo cumplir los 18 años restantes de su condena en la Cárcel de Alta Seguridad, en condiciones mucho menos sofocantes que las del RDD brasileño, y teniendo contacto cotidiano con prisioneros revolucionarios allí encarcelados, específicamente con Hans Niemeyer Salinas y Marcelo Villarroel Sepúlveda.
Finalmente, Marta Urrego y Mauricio Hernández continúan presos en el Brasil de la ex guerrillera del VAL Palmares, Dilma Rousseff, y del socialdemócrata Partido de los Trabajadores.
Libertad a Mauricio Hernández Norambuena 